La Revisión Técnica Obligatoria (RTO), llegó a Mendoza con la promesa de ser una herramienta de seguridad vial, una solución para reducir los accidentes de tránsito y preservar vidas en nuestras rutas.
Sin embargo, los números y la realidad parecen contar otra historia: la RTO es, en definitiva, un sistema de recaudación encubierto que poco o nada tiene que ver con la seguridad de los mendocinos y mucho con la caja política del gobierno.
¿Por qué la RTO no mejora la seguridad vial en Mendoza?
Las estadísticas son contundentes. En San Rafael, de los 1.650 accidentes registrados entre enero y octubre de este año, solo 8 vehículos (0,5%) involucrados no contaban con la RTO. Además, datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) indican que en Argentina el 89% de los accidentes de tránsito son causados por fallas humanas, mientras que el 9% se deben al mal estado de las rutas y solo 2% están vinculados a fallas mecánicas. Es decir, el argumento de que la RTO reduce accidentes se cae por su propio peso, siendo su impacto en la siniestralidad vial insignificante.
Entonces, si la RTO no reduce accidentes ni mejora la seguridad vial de manera significativa, ¿por qué seguir aplicándola? La respuesta parece obvia: es un sistema de recaudación encubierto que no aporta beneficios reales a la seguridad vial ni a la educación.
Costos de la RTO en Mendoza: ¿cuánto pagan realmente los ciudadanos?
A partir del 1 de octubre, el costo de la RTO para automóviles ascendió a $31,041, para camionetas a $34,114 y para camiones a $42,259. En el caso de motocicletas, los valores varían entre $11,525 para las de hasta 300 cc y $21,052 para las de mayor cilindrada. Estos montos, sumados al IVA, se traducen en un esfuerzo significativo para los usuarios, especialmente en el contexto económico actual. Sin embargo, lo que el Estado provincial recibe de esta recaudación es mínimo: el costo de la oblea autoadhesiva, una etiqueta que indica el cumplimiento de la revisión técnica y que actualmente equivale a 17 Unidades Fijas (U.F.), o aproximadamente $2,609 pesos. Esto significa que el 90% o más del valor total de la RTO va directamente a los talleres, mientras que la contribución al Estado es insignificante.
La RTO se ha convertido en una excusa perfecta para que algunos sectores comerciales y empresariales obtengan ganancias aseguradas, mientras que la gente debe destinar parte de su sueldo para cumplir con una ley que no demuestra ser útil ni justa.
La RTO no salva vidas. Lo que salva vidas es una educación vial sólida, el mantenimiento adecuado de las rutas y caminos, y, sobre todo, la inversión pública en infraestructura que realmente beneficie a los ciudadanos. Solicitamos la suspensión inmediata de la misma, como hemos propuesto en la Legislatura desde hace años y que sigue sin avanzar. Hasta que se derogue el artículo 34 de la ley de tránsito nacional que regula la RTO, Mendoza podría dejarla suspendida, como lo hizo en el pasado, porque esta revisión técnica no aporta a la seguridad vial y se ha transformado en una caja política que afecta a los usuarios sin ofrecer beneficios reales.
Por Mario Vadillo, abogado especializado en defensa del consumidor.
Fuente: Mendoza Today