Ignacio Sabás investiga la causa de las pensiones por discapacidad otorgadas en San Rafael. Hasta ahora detectaron 26. Son 33 los imputados.
El revuelo por el caso de las pensiones para discapacitados obtenidas con documentos falsos en San Rafael sigue sumando capítulos mientras avanza la investigación. Hasta ahora descubrieron 26 beneficios otorgados con certificados truchos y son 33 los implicados en la causa judicial.
Sin embargo, el fiscal federal del departamento sureño, Ignacio Sabás, indicó este miércoles que estima que "mucha gente no sabía que cometía un delito". En cambio, se investiga la responsabilidad de quienes tramitaron esos beneficios. Entre ellos hay dos médicos del hospital de cabecera de San Rafael, el Schestakow, aunque para uno de esos profesionales se dictó la falta de mérito, apelada por la Fiscalía.
Sabás dio algunos detalles de la causa en el programa "Días Distintos", de Radio Nihuil, entrevistado por Julián Imazo y Marcelo Sisso. El juez a cargo es Eduardo Puigdéngolas.
De 5 a 10 personas usaban el mismo certificado de discapacidad
El magistrado explicó: "Hicimos un relevamiento de un número mayor, pero estos 26 casos ya detectados significan un puntapié inicial para investigar casos de irregularidades groseras como, por ejemplo, que se repetían los mismos estudios médicos para varias personas".
Distinas personas presentaban la misma radiografía pero cambiando el nombre
El fiscal amplió: "Es muy apresurado dar precisiones sobre cuántos casos más puede haber. Quizás 100. Pero no todos son truchos y hasta hicieron bien el trámite. Se trata más o menos, de casos de no más de cinco años atrás".
Respecto a la reponsabilidad de los involucrados y quiénes deben responder ante la Justicia, el profesional aclaró que "hay médicos que firmaron esos certificados, a los que les cabe la responsabilidad de partícipes en el delito de fraude contra la administración pública. Hasta ahora son dos imputados pero para uno se le dictó falta de mérito, que hemos apelado a la Cámara Federal y esperamos respuesta".
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| Ignacio Sabás, fiscal federal. |
Contó Sabás que descubrieron "certificados de depresiones agudas que determinaban 86% de discapacidad, lo que no se condice con la realidad. La investigación es larga y se debe tener en cuenta que la normativa exige que las discapacidades deben ser permanentes".
Enseguida aclaró: "Hay mucha gente creo yo- que no sabía que cometía un delito. Le decían: 'Tenés una pensión que el Estado te da y tenés que presentar los papeles'. De todos modos, la principal persona implicada está detenida".
Esa persona es Norma Bravo, más conocida como "Mamá Norma", quien impulsaba la obtención de las pensiones. Actualmente cursa prisión domiciliaria.
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| Norma Bravo está con prisión domiciliaria. Algunos la describen como una mujer carismática y sociable. |
Las conversaciones telefónicas que tenemos indican que ella ofrecía las pensiones y se encargaba de conseguir los estudios. Recibía entre $40.000 y $50.000 por cada una, que era el valor de una pensión hace 4 0 5 años
El fiscal aclaró que los directivos del Schestakow no están implicados ni tienen responsabilidades. Lo que sigue es que se resuelvan las apelaciones presentadas por algunos de los 33 imputados, determinar si se necesita producir nuevas pruebas y, recién entonces, elevar la causa a juicio. De hallar culpables, las penas son de 2 a 6 años de prisión.