Los concejales del Bloque Justicialista repudian el cierre del Hospital Laura Bonaparte, alertando sobre su impacto en la salud mental a nivel nacional y en San Rafael.
En una sesión del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, los concejales del Bloque Justicialista, Samuel Barcudi, Néstor Ojeda, Nahuel Arscone, Mariano Camara, Antonella Cristofanelli y Pamela Torres, presentaron un proyecto de declaración para manifestar su enérgico repudio a la decisión del Ejecutivo Nacional de cerrar o reestructurar el Hospital en Red Lic. Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumo problemático.
El Hospital Laura Bonaparte, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, es una institución de referencia nacional en el tratamiento de salud mental, que ofrece servicios de internación, guardias de asistencia médica, atención a la demanda espontánea y capacitación. Actualmente, cuenta con pacientes hospitalizados, incluidos niños y adolescentes, y ha atendido 98 mil consultas en lo que va del año. La decisión de su cierre o reestructuración impactaría en miles de personas, incluidos los más vulnerables, y significaría la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Los concejales enfatizaron que la medida no solo afectaría a la población atendida en Buenos Aires, sino también a instituciones de todo el país, incluido el hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael, debido a la conexión federal del hospital Bonaparte y su rol en la supervisión clínica y capacitación a nivel nacional. En San Rafael, la preocupación por la salud mental es creciente, por lo que este tema ha sido abordado en iniciativas locales como el Primer Congreso de Salud Mental, que se realiza el 9 y 10 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Búfano.
En el proyecto, los concejales solicitan al Ejecutivo Nacional reconsiderar la medida y garantizar el pleno derecho a la salud mental de la población, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Además, piden que se eleve copia de la declaración a las autoridades nacionales para su tratamiento.