En una sesión reciente del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, los concejales del bloque del Partido Justicialista (PJ) presentaron un proyecto de declaración manifestando su profunda preocupación por la disposición del Gobierno Nacional que ordena el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país.
El proyecto, firmado por los concejales Pamela Torres, Mariano Cámara, Néstor Ojeda, Antonella Cristofanelli, Samuel Barcudi y Nahuel Arcone, se basa en los artículos 97 y 98 del Reglamento Interno del Concejo. Destaca la importancia de los CAJ, una política pública innovadora creada en 2008 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, destinada a asistir a personas con derechos vulnerados a través de equipos interdisciplinarios y una red de apoyo federal que incluye organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
La reciente resolución 178/2024, publicada el 10 de junio en el Boletín Oficial, ordena el cierre de 81 de los 110 CAJ existentes, reduciendo la red a solo 24 centros operativos en todo el país. Esta medida implica no solo la transformación de estos centros en call centers, sino también la pérdida de aproximadamente 500 empleos de profesionales y trabajadores dedicados a facilitar el acceso a la justicia en zonas vulnerables.
Los concejales del PJ argumentan que el cierre de los CAJ representa un retroceso significativo en la lucha contra las desigualdades estructurales y en el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental. Además, expresan su preocupación por la ola de despidos que esta decisión acarreará, sumándose a los 120 despidos ya registrados en el área.
En su declaración, el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael solicita al Gobierno Nacional reconsiderar esta disposición y mantener operativos los CAJ para seguir garantizando el acceso a la justicia de manera efectiva y equitativa. Asimismo, instan a las autoridades nacionales, incluyendo al Ministro de Justicia Dr. Mariano Cúneo Libarona, la Subsecretaria de Acceso a la Justicia Dra. Candelaria Montenegro y el Presidente Javier Milei, a tomar en cuenta la importancia de estos centros para la comunidad.
El proyecto de declaración subraya el compromiso del Concejo Deliberante de San Rafael con los derechos humanos y la justicia social, pidiendo que se tomen medidas urgentes para evitar las consecuencias negativas de esta resolución.