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Plan de relevamiento y retiro de cableado aéreo en desuso

El proyecto tiene por objetivo no solo la descontaminación ambiental, sino también la seguridad de peatones y tránsito, y evitar el robo de los cables por el cobre. Se exige a las empresas el retiro y se multará si no lo realizan.


Los senadores justicialistas Adriana Cano, Mauricio Sat y Mercedes Derrache; presentaron un proyecto de ley creando el Plan de relevamiento y retiro de cableado aéreo en desuso.

El objetivo de la norma es “por un lado lograr la descontaminación ambiental mediante el retiro obligatorio del cableado aéreo en desuso de los servicios de telecomunicaciones y de energía eléctrica que se encuentren en mal estado o en desuso en las zonas urbanas de Mendoza. Además se busca garantizar la seguridad de peatones y el tránsito en general reduciendo el riesgo de accidentes viales producto de cables en desuso colgados”.

“Observamos que los cables en desuso representan un peligro para la seguridad ciudadana, ya que pueden desprenderse, caer, colgar o enredarse con otros elementos, causar accidentes o daños materiales. También pueden convertirse en un objetivo de vandalismo o robo para vender el cobre, lo cual compromete la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones y la continuidad del servicio público de Internet y telefonía”, señaló Cano.

Agregó que “Si bien en el futuro para mejorar el aspecto estético de las ciudades y minimizar los riesgos asociados con el cableado aéreo, deberíamos optar por el diseño subterráneo de cables, hasta tanto se logre dicho desarrollo, deben tomarse medidas paliativas”.

El proyecto prevé que el Estado Provincial debe propender para que las empresas de telecomunicaciones y prestatarias del servicio de distribución de energía eléctrica, establezcan un plan de retirada de cables de cobre en desuso en un plazo razonable, tomando las medidas de seguridad para minimizar riesgos durante el proceso de retirada de los cables.

Los costos asociados al retiro del cableado aéreo no podrán trasladarse a las tarifas de los consumidores. Las empresas contarán con un plazo determinado para el retiro, y en caso de incumplimiento serán sancionadas según se determina en el proyecto presentado.
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