El juez Sebastián Sarmiento dispuso el fin de la autorización, pero el retiro de los equipos se hará de manera gradual. El Servicio Penitenciario tendrá que garantizar un sistema público.
El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, rechazó los pedidos para mantener un beneficio que tenían los internos mendocinos en las cárceles y que se instaló durante la pandemia: el uso de los teléfonos celulares en los pabellones. El magistrado resolvió que en un plazo no inferior de seis meses se retiren todos los equipos, aunque mantuvo algunas garantías.
La medida se instaló a raíz del aislamiento social preventivo por el covid que se dictó en 2020, por lo que no hubo visitas de abogados y de familiares. Aunque cesó la emergencia, la medida se fue prorrogando con el visto bueno de todas las partes del Sistema Penitenciario.
En su resolución, Sarmiento rechazó en primer lugar la solicitud de todos los defensores oficiales, del procurador de las personas privadas de libertad y del área de derechos humanos de la Suprema Corte, por lo que resolvió de esta manera finalizar con la autorización.
Para hacer efectiva la medida, el juez de Ejecución Penal dispuso que el Servicio Penitenciario realice el retiro gradual de los equipos personales que haya en las celdas en un plazo no inferior a seis meses. A su vez pidió que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semana, como mínimo.
Se tendrá que notificar a los presos mendocinos en un periodo de 30 días que ya no tendrán que tener los teléfonos y que deberán ser retirados por sus familiares.
Sin embargo, sólo se retirarán esos celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública. De igual manera resolvió que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.
Sarmiento también hizo lugar, de manera parcial, a un pedido de la Procuración de personas privadas de libertad para mantener la medida en los centros de detención de mujeres.
Fuente: El Sol