Posturas divididas en la audiencia para decidir si los reclusos podrán conservar o no sus teléfonos celulares.
En una audiencia celebrada este lunes, el juez Sebastián Sarmiento y diversas autoridades judiciales, gubernamentales, del Servicio Penitenciario y una asociación, debatieron sobre la permanencia del beneficio que permite a los presos tener celulares en las cárceles de Mendoza. Mientras algunos sectores se oponen argumentando que fue una medida de emergencia durante la pandemia de coronavirus, otros la consideran beneficiosa por diversas razones. El magistrado planea emitir su decisión esta semana.
La prórroga otorgada por el expresidente Alberto Fernández que permitía a los presos poseer celulares en sus celdas, autorizados y regulados por los servicios penitenciarios, finalizó el 31 de diciembre pasado. Esta medida fue implementada al inicio de la pandemia debido a las restricciones de visitas familiares impuestas por el aislamiento obligatorio. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2024, la tenencia de celulares se considera ilegal.
Ante este escenario, el juez Sarmiento extendió una nueva prórroga por 10 días y convocó a una audiencia con todas las partes involucradas para determinar el curso de acción en Mendoza y establecer pautas para el manejo de la situación dentro de las cárceles. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei al finalizar el 2023 sugiere una posible solución. Entre las diversas disposiciones del decreto, una de ellas podría influir directamente en la prohibición o permiso de que los presos posean celulares personales en las cárceles de Mendoza.
El DNU declaró la emergencia en varios sectores, incluida la sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2025, la misma que se decretó durante la pandemia. Algunos creen que esto podría prorrogar el beneficio para los reclusos por un período adicional. A favor y en contra de la tenencia de celulares en las cárceles de Mendoza Actualmente, existen legalmente 4.224 celulares en manos de presos en las cárceles de la provincia, ingresados durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
La Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia argumentó que la posesión de teléfonos tiene un impacto positivo en los internos al proporcionar un canal directo de acceso a la justicia e información judicial, además de fortalecer los vínculos familiares y sociales, y prevenir situaciones de violencia intracarcelaria o institucional, entre otros motivos.
Luis Romero, procurador de las Personas Privadas de Libertad de Mendoza, también se pronunció a favor de que los presos conserven sus celulares, sugiriendo mantener este beneficio al menos para los condenados en período de prueba y las mujeres en la Unidad Penitenciaria III. El Ministerio Público de la Defensa sostuvo que es un derecho de las personas en reclusión comunicarse periódicamente con sus familiares, allegados y abogados, así como tener acceso a la justicia. También citaron el DNU de Milei para señalar que la emergencia sanitaria continúa hasta el 31 de diciembre de 2025.
La Asociación Civil Verdad y Justicia de Mendoza, formada por familiares de detenidos, también expresó su apoyo a favor de los presos.
En contraste, las autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario argumentaron que todos los teléfonos deben retirarse y regresar a la normativa vigente anterior a la pandemia de coronavirus, cuando no se permitía la tenencia de celulares.
Se espera que entre el miércoles y jueves, el juez penal colegiado Sebastián Sarmiento tome una decisión y defina la continuidad o no de esta medida.
Con información de diario Uno