La semana pasada, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, un organismo dependiente del Gobierno de Mendoza, dio luz verde a un incremento de aproximadamente el 30% en los costos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que todos los vehículos deben superar para circular en la provincia.
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La semana pasada, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, un organismo dependiente del Gobierno de Mendoza, dio luz verde a un incremento de aproximadamente el 30% en los costos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que todos los vehículos deben superar para circular en la provincia.
En concreto, este aumento ha elevado el costo de la RTO para automóviles a $9,801, mientras que las camionetas ahora deben abonar $11,042. Por su parte, el proceso de revisión para motocicletas oscila entre $3,724 (hasta 300 cc) y $6,860 (más de 300 cc).
En respuesta a esta medida, un grupo de ciudadanos autoconvocados presentó una solicitud al Senado de Mendoza el día jueves. En esta solicitud, expresaron su preocupación y solicitaron la intervención de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios.
Sin embargo, su protesta va más allá del simple rechazo al aumento de la tarifa. Argumentan que la RTO en sí misma es inconstitucional, ya que consideran que vulnera el derecho al trabajo. Sostienen que utilizan sus vehículos (automóviles y motos) para sus actividades laborales, y que el costo de la revisión dificulta su capacidad para ganarse la vida.
En sus propias palabras: "Esta situación vulnera derechos fundamentales de raíz constitucional, como el derecho al trabajo. Nos vemos perjudicados en nuestras actividades laborales diarias, ya que dependemos de nuestros vehículos para llevar a cabo nuestras tareas".
Además, agregaron: "La incertidumbre en el horizonte del año 2024 nos preocupa, ya que este nuevo impuesto se suma a las dificultades económicas que muchas familias mendocinas están enfrentando debido a la falta de empleo y los bajos salarios".
Por último, exigieron que la Comisión del Senado responda a su solicitud en un plazo de cinco días o advirtieron que tomarían medidas legales.