El ex gobernador peronista y su esposa, Celina Sánchez, son investigados por un presunto crecimiento injustificado de sus patrimonios.
La causa por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez y su esposa Celina Sánchez está a punto de ser elevada a juicio, informaron fuentes judiciales.
En tal sentido, el fiscal de instrucción Santiago Garay, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, ya envió el expediente para consultar a la fiscal adjunta, Paula Quiroga, y está a la espera de una devolución.
El caso que puso en la mira a Pérez y Sánchez es por un presunto crecimiento injustificado de patrimonio durante su mandato (2011-2015). La investigación y la solicitud de elevación a juicio llegaron a manos de Quiroga hace tres o cuatro meses. Sin embargo, la definición se postergó para que la causa no quedara involucrada en medio de la campaña electoral provincial, indicaron desde Tribunales.
Las mismas fuentes adelantaron que en esta etapa no habrá pedido de prisión para el matrimonio imputado por artículo 268 (2) del Código Penal, que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50% al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho”.
El disparador
En enero del año pasado, Pérez fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito en una causa que tuvo como disparador la compra de un departamento en las Torres Agustinas en 2013, mientras era gobernador.
El dato se conoció tres años más tarde, cuando la Fiscalía de Estado publicó en la web las declaraciones juradas de los funcionarios. De esos informes surgió que Sánchez era propietaria de un departamento, valuado en ese entonces en $1.165.500, ubicado en el barrio Bombal Sur.
La ex primera dama admitió además una deuda por ese inmueble de $762.402 con la empresa OHA Construcciones, que era contratista del Estado provincial y estuvo a cargo de obras de infraestructura significativas en la provincia.
En marzo de 2016, legisladores radicales que sospechaban que Pérez y su esposa no estaban en condiciones de justificar la adquisición del costoso inmueble fueron a la Justicia.
Pérez se presentó de manera espontánea a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos y denunció “un show mediático” y “una maniobra” orquestada por Alfredo Cornejo. En su defensa, dijo que junto con su esposa tenían los fondos para adquirir el departamento gracias a sus ingresos como abogado previo a su ingreso a la función pública, a la venta de otros inmuebles y al salario de Sánchez como empleada en Fuesmen.
Sin embargo, se realizaron tres pericias contables y la última de ellas, a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo, determinó que con sus sueldos públicos Pérez y Sánchez no podían justificar la adquisición del departamento en Godoy Cruz.
Fuente: El Sol