Hugo Arredondo, el recluso que recientemente intentó asesinar a la fiscal Claudia Ríos durante un juicio en Mendoza, ha expresado los motivos detrás de su violento acto. Según Arredondo, quien actualmente se encuentra aislado en un pabellón de máxima seguridad en el penal de San Felipe, la razón principal de su acción desesperada es que lleva cuatro meses sin poder ver a su hija.
El miércoles pasado, en medio de un juicio, Arredondo atacó a la fiscal Ríos, pero fue detenido a tiempo por la propia víctima. Tras el intento de asesinato, testigos relataron que Arredondo gritó en la sala de audiencias sus razones para atacar a la funcionaria pública, destacando la falta de contacto con su hija como un factor determinante en su acto.
Según informes del diario local El Sol, la madre de la niña decidió no llevarla al penal y evitó que el padre tuviera contacto con ella debido a problemas personales.
Después de este violento incidente, se suspendió temporalmente la actividad en el Polo Judicial. Además, siete penitenciarios, cuya responsabilidad se cuestiona por la falla en las requisas en los puntos de control previos a la sala de debate, han sido suspendidos y se llevará a cabo una investigación al respecto.
Esta medida se adoptó tras una reunión entre el gremio de empleados estatales de Mendoza, jueces y trabajadores judiciales, quienes demandaban mayor seguridad en el sistema penitenciario.
Cabe destacar que Hugo Arredondo, de 37 años, ya tenía dos condenas previas por homicidios cometidos en un lapso de cuatro años. La primera condena fue a prisión perpetua por asesinar a un comerciante en un intento de robo en 2015. La segunda condena, por homicidio simple, se produjo en 2019 cuando admitió haber asesinado a un compañero de celda en el penal de Almafuerte. Ambas condenas se unificaron en una pena de prisión perpetua en 2020, y Arredondo también enfrenta cargos por lesiones graves en otra causa ocurrida en la cárcel.
Este trágico incidente pone de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en la gestión de reclusos con antecedentes violentos y en la garantía de la seguridad de todos los involucrados en los procesos judiciales.