Este jueves, la Justicia tomó la decisión de separar de pabellón a las asesinas de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigaíl Páez.
Se trata de una medida que tomó el Juzgado de Ejecución Penal luego de un pedido formal que hizo la familia del niño brutalmente asesinado, tras denunciar que las homicidas gozaban de ciertos privilegios en su estado de detención. Ambas están presas desde hace 1 año y 8 meses. Primero pasaron por un penal de La Pampa, pero luego fueron trasladadas al complejo penitenciario N°1 de San Luis.
“Fueron separadas el martes, pero solo de pabellón dentro del mismo complejo. Yo creo que deberían ser separadas de cárcel, porque en algún momento se van a cruzar. Gracias a Dios sabemos que ya no están más juntas, y eso es una justicia más para Lucio”, expresó Ramón Dupuy.
Según describió, ambas estaban viviendo en un “pabellón VIP”, donde antiguamente eran alojadas las mamás con hijos. “Estaban ellas dos solas, custodiadas y salían al patio sin compañía. Tenían televisor, equipo de música, un placar lleno de ropa, hacían actividad al aire libre y tenían talleres. Todos estos son privilegios que muchos privados de la libertad no tienen, incluso habiendo cometido delitos menores. Estaban como en su propia casa, en una luna de miel”.
A raíz de la decisión de la Justicia, tanto Espósito Valenti como Páez comenzaron una protesta. “Están haciendo una huelga de hambre porque no quieren ser separadas. Quieren seguir estando juntas. Es una locura. Ningún detenido del mundo está preso con su pareja”, aseguró el abuelo de Lucio.
Ley Lucio: ¿en qué consiste y para qué casos es útil?
El Gobierno promulgó en mayo la Ley Lucio con el objetivo de prevenir las violencias y abusos en la infancia. La normativa surgió tras el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció tras recibir palizas de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti (26), y la pareja de esta, Abigail Páez (28) en Santa Rosa, La Pampa. Ambas fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen.
La ley -que fue publicada en el Decreto 253/2023 del Boletín Oficial- cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández, del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
La Ley Lucio tiene como fin establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de las niñas, niños y adolescentes para “personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
El abuelo de Lucio Dupuy luchó para que salga sancionada le ley y para que condenasen a perpetua a la mamá y a la pareja del nene de 5 años. (Foto: archivo)
La norma agrega además que "podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley”.
Desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, hay seis meses para elaborar “los contenidos del Plan Federal de Capacitación”.
El proyecto de ley impulsado tras la muerte de Lucio en noviembre de 2021 había alcanzado la media sanción en la Cámara de Diputados un año después y el pasado 13 de abril logró la aprobación definitiva en el Senado.
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Los principales puntos de la Ley Lucio
El niño de 5 años que falleció tras recibir palizas de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Paéz. (Foto: archivo)
Los principales puntos de la Ley Lucio son:
- Respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Formar y sostener vínculos de afecto y confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de los niños.
- Generar espacios y metodología para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos durante los procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
- Propiciar la perspectiva de género y diversidades
- Recomendar la protección de denunciantes en casos que se hayan vulnerado los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos.