Las distribuidoras y el EPRE ya presentaron sus estudios de costos, que serán debatidos en una audiencia pública. La definición quedará en manos del gobernador Rodolfo Suarez.
El 28 de julio se realizará una audiencia pública no vinculante para analizar, entre otros puntos, el próximo aumento de la luz en Mendoza. El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y las distribuidoras ya cumplieron con los pasos formales previos y presentaron sus propios estudios técnicos con las sugerencias y pretensiones sobre ese ajuste, que deberá ser oficializado por el gobernador Rodolfo Suarez.
El informe clave es el realizado por el organismo de control presidido por Andrea Molina, que habitualmente es el que toma en cuenta el mandatario al momento de emitir el decreto habilitando el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD), el único componente local de la tarifa eléctrica. Los restantes son los costos de abastecimiento, de competencia nacional e impuestos.
Ese trabajo determinó que la factura promedio debería aumentar aproximadamente 1.600 pesos por mes para los usuarios residenciales de la categoría T1-R1 (con un consumo de hasta 299 kilovatios-hora bimestrales).
En el caso de los usuarios que consumen entre 300 y 599 Kwh bimestrales (categoría T1-R2), el incremento sugerido va de 3.868 a 3.985 pesos, en promedio, por mes.
Mientras que aquellos que consumen más de 600 Kwh por bimestre (T1-R3), tendrían un incremento promedio en sus facturas que oscila entre 7.225 y 12.014 pesos por mes.
Cada categoría, a su vez, está segmentada en tres grupos, de acuerdo con el nivel económico de los usuarios. En tal sentido, el ajuste propuesto por el EPRE tiene mayor incidencia en los sectores de ingresos medios y bajos.
Por ejemplo, un usuario de alto poder adquisitivo de la categoría T1-R1 paga actualmente, en promedio, una factura mensual de 4.205 pesos y, cuando se aplique el incremento, deberá abonar 5.810 pesos. Es decir, 38,2% más.
En cambio, para un cliente de bajos ingresos de la misma categoría, la suba será de 81%: pasará de 1.924 a 3484 pesos por mes. Mientras que en el caso de los usuarios de ingresos medios, tendrán que pagar 77,2% más (de 2.021 a 3.583 pesos en promedio).
Las propuestas de las distribuidoras incluyen un pedido de aumento del VAD superior al determinado por el estudio del ente de control. Y si bien no hay una fecha confirmada para que entre en vigencia, el incremento se aplicaría a partir de agosto.
La explicación oficial
Desde el EPRE explicaron que una de las razones de este esquema de subas, que con leves oscilaciones se repite en las restantes categorías residenciales (T1-R2 y T1-R3), es la distorsión provocada por la segmentación tarifaria dispuesta por el gobierno nacional, con el objetivo de reducir los subsidios energéticos.
También indicaron que la Provincia subsidia a aproximadamente 122.000 usuarios de bajos ingresos a través de la Tarifa Social, que establece descuentos de hasta 50% en la boleta de luz.
Finalmente, destacaron que el estudio realizado por sus técnicos siguió los parámetros de la ley 6.497, sancionada en 1997 y que estableció el marco regulatorio eléctrico en la provincia. “En el caso de tarifas a usuarios finales, el Poder Concedente establecerá mecanismos que permitan determinar una tarifa homogénea para iguales modalidades de uso o consumo en todo el territorio provincial”, destaca el punto C del artículo 44.
“Por ley, los usuarios de una misma categoría de consumo en Mendoza tienen una tarifa similar”, insistieron desde el ente de control.
Aumento extra para obras
El estudio oficial fue realizado en el marco de la Revisión Tarifaria Ordinaria 2023/2028 e incorporó los conceptos derivados de los acuerdos transaccionales firmados con las distribuidoras, donde el Gobierno reconoció deudas por ingresos no percibidos y otorgó diferentes beneficios a las empresas, a cambio del desistimiento de históricos reclamos administrativos y judiciales.
Uno de los puntos claves es el plan de obras negociado con las distribuidoras, que será financiado con aumento de tarifas. Se trata de un 3% extra que forma parte del informe presentado por el EPRE.
La explicación oficial
Desde el EPRE explicaron que una de las razones de este esquema de subas, que con leves oscilaciones se repite en las restantes categorías residenciales (T1-R2 y T1-R3), es la distorsión provocada por la segmentación tarifaria dispuesta por el gobierno nacional, con el objetivo de reducir los subsidios energéticos.
También indicaron que la Provincia subsidia a aproximadamente 122.000 usuarios de bajos ingresos a través de la Tarifa Social, que establece descuentos de hasta 50% en la boleta de luz.
Finalmente, destacaron que el estudio realizado por sus técnicos siguió los parámetros de la ley 6.497, sancionada en 1997 y que estableció el marco regulatorio eléctrico en la provincia. “En el caso de tarifas a usuarios finales, el Poder Concedente establecerá mecanismos que permitan determinar una tarifa homogénea para iguales modalidades de uso o consumo en todo el territorio provincial”, destaca el punto C del artículo 44.
“Por ley, los usuarios de una misma categoría de consumo en Mendoza tienen una tarifa similar”, insistieron desde el ente de control.
Aumento extra para obras
El estudio oficial fue realizado en el marco de la Revisión Tarifaria Ordinaria 2023/2028 e incorporó los conceptos derivados de los acuerdos transaccionales firmados con las distribuidoras, donde el Gobierno reconoció deudas por ingresos no percibidos y otorgó diferentes beneficios a las empresas, a cambio del desistimiento de históricos reclamos administrativos y judiciales.
Uno de los puntos claves es el plan de obras negociado con las distribuidoras, que será financiado con aumento de tarifas. Se trata de un 3% extra que forma parte del informe presentado por el EPRE.