Argentina se enfrenta a uno de los juicios más costosos que tiene en el extranjero. En los tribunales de Nueva York se discute el precio que la República deberá pagar por daños económicos al fondo buitre Burford que probablemente rondará entre los 4900 y 16000 millones de dólares. El juicio es por la manera en que se nacionalizó la compañía YPF que, según la acusación, fue sin hacer una Oferta Pública de Adquisición.
En las audiencias, la jueza Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa en los tribunales del Estado norteamericano, determinará el monto a partir de escuchar a ambas partes. El precio se define en base a dos cuestiones de perjuicios que están sin resolver en su fallo en contra del Estado Argentino del 31 de marzo y que significan una diferencia de hasta 11.100 millones de dólares. Para definir el monto, la jueza toma en principio la fecha en que Argentina adquirió el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que se establezca por la tardanza para actualizar la indemnización.
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| Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Manhattan, Estados Unidos, Juicio contra la estatización de la petrolera YPF. Foto: archivo. |
El proceso judicial ya lleva ocho años de contienda entre el fondo buitre Burford Capital y la Argentina, cuyo responsable de la defensa y apelaciones es el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. La cuestión de la tasa de interés es central porque el Estado sudamericano considera que debería abonar el 0% y Burford el 8%. Los años de demora en el pago de la indemnización podrían generar hasta 7600 millones de dólares de diferencia dependiendo qué tipo de interés decida tomar Preska.
"Los peritos de la República testificarán que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, el objetivo de los intereses de demora es indemnizar a los demandantes, pero no darles una ganancia inesperada", dijo la defensa Argentina en el informe previo al inicio del juicio.
El otro asunto en disputa es la fecha en que Argentina adquirió el control de las acciones de YPF (y no de toda la empresa), sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se decretó la designación de un interventor del Ejecutivo que sacó al directorio de YPF.
Por otra parte, Argentina precisa que el día fue el 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Expropiación 26.741 que permitió al gobierno comenzar a tener los derechos políticos y económicos de las acciones. “Fue la ley la que le dio la potestad a la República de obtener el 51 por ciento de las acciones de YPF que antes tenía Repsol", dice el reporte argentino. La diferencia del pago entre ambas fechas es de 3400 millones de dólares.
Los peritos de la República testificarán que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, el objetivo de los intereses de demora "es indemnizar a los demandantes, "pero no darles una ganancia inesperada
Si la corte falla en contra de Burford y permite que Argentina no pague intereses, además de elegir la fecha 7 de mayo, los beneficios para el buitre son de 5000 millones de dólares. Si la corte falla a favor de la demanda en las dos partes, puede conseguir 16000 millones de dólares—un monto mayor a la capitalización bursátil de YPF— por haber tenido alrededor del 28 por ciento de las acciones de YPF.
Teniendo en cuenta que Burford obtuvo por solo 15 millones de dólares el litigio al administrador del concurso español de Petersen y el derecho a retener el 70% del recupero de la eventual sentencia, el buitre tendría ganancias muy por encima de la inversión realizada. Por su monto, se convierte en uno de los juicios más importantes de Estados Unidos.
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| Carlos Zannini. Foto: NA. |
El fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la adquisición de la empresa por parte del Estado. Como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada durante el mandato de Carlos Menem, la nación se comprometía a que cualquier operación para adquirir una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. Sin embargo, en 2012 el Estado obtuvo el 51% de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas, quienes aseguran haber salido perjudicados.
El 31 de marzo, la jueza Preska falló contra la Argentina aunque no fijó el precio que deberá pagar. Además, en ese fallo eximió de responsabilidades a YPF —que también se enfrentó a una demanda del fondo buitre Burford—, ya que los estatutos no exigen a la petrolera a "hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”.
¿Quién es Burford Capital?
Burford Capital tiene acciones en la Bolsa de Nueva York que se incrementaron en un 53,19% luego de conocerse la decisión de Preska. Sin embargo, el buitre no es experto en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que se dedica a realizar megajuicios por demandas millonarias, en general, a empresas que quebraron o que están en bancarrota con demandas anteriores sin resolver y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. El demandante del juicio a Argentina el 11 de septiembre de 2009 se convirtió en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
El demandante del juicio a Argentina el 11 de septiembre de 2009 se convirtió en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Sin embargo, para Burford, YPF es muy importante. Cuando empezó a cotizar como compañía pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que mostrar reportes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí se demostró que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, el fondo buitre no compró bonos en default para reclamar después el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se quedó con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de las acciones de la empresa. Tampoco tiene la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
Antes de que el fallo quede firme, la Argentina tiene todavía dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero la jueza podría ordenar que la República pague una garantía, además de que arriesga a que Burford también apele y solicite que se revoque la exoneración de YPF.
Antes de que el fallo quede firme, la Argentina tiene todavía dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero la jueza podría ordenar que la República pague una garantía, además de que arriesga a que Burford también apele y solicite que se revoque la exoneración de YPF.
Fuente: Diario 26