Después de pasar el fin de semana en la Unidad 12 - Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, conocida como Estrada, ubicada en el predio del Ministerio Público Fiscal, Garay fue trasladado este lunes al Penal de San Felipe. Se le ha asignado alojamiento en el pabellón 1A, y se espera que permanezca allí durante al menos un par de semanas, hasta que concluya la feria judicial. Sus abogados podrán realizar las gestiones necesarias para que pueda regresar a prisión domiciliaria una vez que finalice la feria judicial de invierno.
Garay, de 68 años, está siendo imputado por una serie de delitos en una investigación iniciada por Daniel Carniello y continuada por Mónica Fernández Poblet, quien ha decidido agravar las acusaciones y solicitar la prisión preventiva del humorista. Hasta el viernes pasado, Garay se encontraba esperando el juicio oral en casa de su hermana, en el distrito de Coquimbito, departamento de Maipú.
En la audiencia celebrada el viernes en el Polo Judicial, el juez Martínez rechazó todas las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa de Cacho Garay y Sandra Astudillo. Además, no accedió a apartar a Poblet de la investigación a raíz de una foto que circuló horas antes, que sugería una supuesta amistad entre ellos.
Por otro lado, el juez Martínez también dictó la prisión preventiva para Sandra Astudillo, empleada de la Legislatura y reina departamental de Tupungato en la década de los 80, quien ha sido señalada por Verónica Macías como cómplice y participante en casos de abuso sexual. Astudillo continuará detenida en el penal.
Las múltiples acusaciones contra Cacho Garay incluyen amenazas simples y agravadas por el uso de arma, coacciones simples y agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres ocasiones), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de casos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal, ser cometido por dos personas y el uso de armas en un número indeterminado de casos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de casos, y desobediencia a una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviar un audio de WhatsApp a su ex pareja). Todos estos delitos se enmarcan en un contexto de violencia de género y se consideran un concurso real de acciones.