La polémica resolución del Ministerio de Salud que prohíbe la importación, distribución, comercialización, promoción y patrocinio de los llamados "productos de Tabaco Calentado" en todo el territorio argentino ha generado controversias entre los diputados y productores tabacaleros. En respuesta, la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Moisés, ha solicitado al Ministerio de Salud la derogación de la resolución.
En dos cartas dirigidas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, Moisés expresó su "profunda preocupación y sorpresa" por la medida adoptada sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados como a los referentes políticos que defienden activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo.
La diputada Moisés fundamentó su postura argumentando que los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión. Además, añadió que la resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia.
La diputada también señaló que si se hubieran llevado a cabo consultas previas, se habría podido exponer que el sector tabacalero está compuesto por más de 150 mil pymes con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que hoy se ven sumamente afectados por esta decisión que necesitamos que quede sin efecto.
Por otro lado, Ricardo Saraceni, asesor de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), confirmó que las provincias tabacaleras harán una presentación en contra de la prohibición del vapeo. Según Saraceni, hay una contradicción muy grande dentro del ámbito del Gobierno nacional al prohibir un producto que es menos nocivo que el cigarrillo tradicional.
En resumen, la resolución del Ministerio de Salud ha generado preocupación y sorpresa entre los diputados y productores tabacaleros, quienes argumentan que la medida afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de razonabilidad y proporcionalidad con los fines de salud pública que enuncia.
Además, las provincias tabacaleras harán una presentación en contra de la prohibición del vapeo, ya que consideran que hay una contradicción en la prohibición de un producto que es menos nocivo que el cigarrillo tradicional.