El uso de teléfonos celulares en las cárceles mendocinas fue motivo de una audiencia este miércoles en el Polo Judicial para definir si otorgan o no una prórroga a la medida que comenzó en marzo del 2020 y cuyo plazo está pronto a culminar. En general, hubo consenso entre las partes que expusieron para que los internos continúen con este beneficio y en los próximos días el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento dará a conocer su resolución. Solo el Ministerio Público Fiscal pidió más controles en la utilización de los aparatos.
En marzo de 2020, en el inicio de la pandemia por Covid 19, el magistrado había autorizado que las personas privadas de su libertad pudieran utilizar el celular luego de resolver un habeas corpus. Esto permitiría evitar aglomeraciones dentro de los centros de detención y facilitar la comunicación de los condenados con sus defensores, además de no cortar el contacto son sus familiares debido a que estaban prohibidas las visitas.
El fallo de Sarmiento tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de este año y por eso se desarrolló una nueva audiencia por este tema.
La petición para que se continúe con esta medida fue presentada por la Procuración de Personas Privadas de la Libertad. Daniela Parodi, la representante de este organismo, sostuvo que los niveles de agresión y ansiedad dentro de las cárceles “bajaron considerablemente” con la puesta en marcha de esta medida.
A su turno, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, aseguró que no hay manera de evitar el uso de celulares en el interior de las cárceles provinciales en estos momentos, por lo que se mostró a favor de que se mantenga el beneficio. De todas formas, pidió más controles y regulaciones, principalmente en el uso de las redes sociales.
Siguiendo esta idea de mayor seguimiento de los teléfonos, jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, quien estuvo en representación del Ministerio Público, presentó estadísticas sobre investigaciones donde se ha detectado que muchas de las denuncias por estafas, amenazas y coacciones tienen como origen algún centro penitenciario.
A pesar de esto, Guzzo aseguró que la utilización de teléfonos es una herramienta importante para la vinculación familiar, por eso pidió modificar la normativa para que el acceso a los aparatos sea solo en los tiempos de esparcimiento, o para internos con buena conducta.
Por tal motivo, el fiscal solicitó una extensión por tres meses de la disposición actual para que en ese tiempo las partes interesadas presenten ideas superadoras para ir avanzando a la regulación de la utilización de celulares en los centros de detención.
Por su parte, Verónica Bajuj -Ministerio de Defensa Pública- defendió el uso de celulares en las cárceles al entender que es una herramienta que facilita la relación de los condenados con sus representantes legales, como también poder realizar un seguimiento más cercano sobre sus expedientes.
En el mismo sentido, se expresaron desde la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte, ya que aseguraron que la utilización de los móviles permite fortalecer vínculos familiares y por sobre todo tratándolo con una perspectiva de género, porque en muchos casos son madres que buscan fortalecer el vínculo con sus hijos.
Por último, desde la asociación de Derechos Humanos Xumex respaldó la propuesta. Señalaron que la conectividad de los reos permite una mayor y mejor inclusión educativa, además de que promueve una mejora en la salud de los mismos, ya que pueden mantener contactos virtuales con personal de salud.
En tanto, el juez Sebastián Sarmiento confirmó a este diario que la semana próxima dará a conocer su resolución.
Además, el titular de la comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, Néstor Márquez, comentó que trasladará el debate a tratamiento legislativo, porque existe la posibilidad de tener que modificar leyes existentes para poder llevar adelante la inminente habilitación para la utilización de celulares en las cárceles.
Fuente: El Sol
