Todo está preparado para que hoy Rodolfo Suarez anuncie que con la plata que está depositada para la construcción de Portezuelo del Viento, finalmente, se avanzará en la concreción de la presa El Baqueano, ubicada sobre el río Diamante, en San Rafael.
Según ha trascendido, el gobernador llamará a conferencia de prensa para dar por finalizada la novela de los fondos previstos para Portezuelo; la considerada hasta hace muy poco tiempo la verdadera obra del siglo ha pasado a la historia, esperando mejor suerte o, definitivamente, el sueño de los justos.
Cumplido el plazo, este lunes, para que el presidente Alberto Fernández diera a conocer el laudo sobre el arbitraje que se le pidió en torno a la presa proyectada sobre el río Grande, en Malargüe, y teniendo en cuenta que incumplió y mantuvo el silencio sobre su decisión, en Mendoza han interpretado que la indiferencia los habilita a disponer de los recursos. Y además de que lo más probable es que se inicie una causa contra el propio presidente por demorar una decisión que le ha hecho perder a la provincia una buena cantidad de recursos, junto con el principio de la mejor oportunidad para su uso, Suarez ha dispuesto ejecutar los dos frentes: disponer de los fondos y demandar.
El Baqueano cuenta con estudios avanzados y siempre se configuró como la primera alternativa para el caso de que se cayera, como todo indica, la construcción de Portezuelo. Un poco más abajo en las preferencias del Ejecutivo aparece, también, la presa Uspallata, sobre el Mendoza. Pero, El Baqueano parece estar ganando en las preferencias, por el costo (alrededor de 500 millones de dólares) y porque se levantaría sobre los dos embalses con los que ya cuenta, Agua del Toro y Los Reyunos, adicionándole una central hidroeléctrica que produciría energía para sumarla al sistema interconectado nacional. Al nuevo sistema de acumulación de agua y a la generación de energía, se le añade el interés turístico, una trilogía que le da al emprendimiento un valor integral para la economía con la mitad de los recursos que se terminarán acumulando al final de los pagos que está haciendo la Nación con carácter indemnizatorio por los efectos negativos que provocó la promoción industrial durante casi treinta años a las provincias vecinas a Mendoza.
El Baqueano no sólo podría estar resolviendo el uso del dinero de forma rápida, evitando que el proceso inflacionario siga degradando los casi 500 millones en letras en dólares que se encuentran depositadas en una cuenta especial, sino que dejaría fuera de juego desde el punto de vista político y estratégico a la provincia de La Pampa, la que sistemáticamente ha ido bloqueando cualquier intento regulatorio de los ríos mendocinos desde que se agudizara el conflicto por las aguas del Atuel.
Si bien en La Pampa ya han expresado que, incluso con El Baqueano, plantearían reparos, en Mendoza sostienen que no habría argumento alguno en ese sentido, porque el Diamante, un río que termina desembocando en otro interprovincial (el Desaguadero), no sólo está regulado con las tres presas que ya tiene, sino que la nueva se levantaría entre dos sin modificar el actual volumen. Se cree que, de seguir adelante con la idea, la nueva presa
podría licitarse hacia fin de año o a comienzos del próximo, y, si bien buena parte de los estudios del proyecto ya están realizados, aún carece de lo más sensible en todo este tipo de emprendimientos: los de impacto ambiental.
Independientemente del frente externo que el gobierno de Suarez deberá atender, entendido esto como los eternos conflictos con La Pampa más la resolución legal o administrativa de un laudo presidencial que no aparece aún –vencido el plazo y cuando ya se sabe y se descuenta que Fernández le ha bajado el pulgar para responder afirmativamente a los planteos de los pampeanos–, al margen de ese costado del entramado, Suarez tiene que ser claro en el frente interno.
El frente interno es todo aquello relacionado a los destinos de los fondos de Portezuelo. Se sabe que el tironeo recién ha empezado y que cada departamento reclama algo de lo que considera suyo. El plan hídrico de Irrigación es un plan extendido en todo el territorio con algún dejo de equidad y equilibrio. Los fondos, si no van a Portezuelo, deben usarse, según el convenio, en otras obras hídricas de características o funcionalidad similar. Para cambiar el destino, sería necesario ir a buscar una modificación al acuerdo, para lo que la Nación no estaría muy interesada en allanarle el camino a la actual gestión en ese sentido. Pero hay quienes en Mendoza sostienen lo contrario: que los fondos son de la Provincia, le corresponden por derecho propio, que la Nación en todo este lío no le está “pagando” nada a Mendoza y que, en definitiva, por ser recursos de los mendocinos, es la Provincia la que debe definir qué hacer con ellos.
Ayer en el Gobierno sostenían que todas las consultas internas ya están hechas y que Suarez tiene las facultades para decidir la nueva dirección de los recursos. Pero es probable que la oposición no deje pasar este momento para intervenir, seguramente haciéndose eco de las comunas comandadas por el peronismo y lo mismo puede ocurrir dentro de la coalición de gobierno con alguno de los socios del radicalismo. En este último sentido, hay que seguir de cerca a Omar De Marchi. El líder del Pro está a punto de presentar un plan de acción para Mendoza, que no es otra cosa que su propuesta para gobernarla, en su afán de llegar a la Gobernación en el próximo turno electoral, en el del 2023.
Dentro de ese programa, se ha dicho que está inserta su sugerencia para los fondos de Portezuelo y que hará lo posible para que sea tenida en cuenta.
Cumplido el plazo, este lunes, para que el presidente Alberto Fernández diera a conocer el laudo sobre el arbitraje que se le pidió en torno a la presa proyectada sobre el río Grande, en Malargüe, y teniendo en cuenta que incumplió y mantuvo el silencio sobre su decisión, en Mendoza han interpretado que la indiferencia los habilita a disponer de los recursos. Y además de que lo más probable es que se inicie una causa contra el propio presidente por demorar una decisión que le ha hecho perder a la provincia una buena cantidad de recursos, junto con el principio de la mejor oportunidad para su uso, Suarez ha dispuesto ejecutar los dos frentes: disponer de los fondos y demandar.
El Baqueano cuenta con estudios avanzados y siempre se configuró como la primera alternativa para el caso de que se cayera, como todo indica, la construcción de Portezuelo. Un poco más abajo en las preferencias del Ejecutivo aparece, también, la presa Uspallata, sobre el Mendoza. Pero, El Baqueano parece estar ganando en las preferencias, por el costo (alrededor de 500 millones de dólares) y porque se levantaría sobre los dos embalses con los que ya cuenta, Agua del Toro y Los Reyunos, adicionándole una central hidroeléctrica que produciría energía para sumarla al sistema interconectado nacional. Al nuevo sistema de acumulación de agua y a la generación de energía, se le añade el interés turístico, una trilogía que le da al emprendimiento un valor integral para la economía con la mitad de los recursos que se terminarán acumulando al final de los pagos que está haciendo la Nación con carácter indemnizatorio por los efectos negativos que provocó la promoción industrial durante casi treinta años a las provincias vecinas a Mendoza.
El Baqueano no sólo podría estar resolviendo el uso del dinero de forma rápida, evitando que el proceso inflacionario siga degradando los casi 500 millones en letras en dólares que se encuentran depositadas en una cuenta especial, sino que dejaría fuera de juego desde el punto de vista político y estratégico a la provincia de La Pampa, la que sistemáticamente ha ido bloqueando cualquier intento regulatorio de los ríos mendocinos desde que se agudizara el conflicto por las aguas del Atuel.
Si bien en La Pampa ya han expresado que, incluso con El Baqueano, plantearían reparos, en Mendoza sostienen que no habría argumento alguno en ese sentido, porque el Diamante, un río que termina desembocando en otro interprovincial (el Desaguadero), no sólo está regulado con las tres presas que ya tiene, sino que la nueva se levantaría entre dos sin modificar el actual volumen. Se cree que, de seguir adelante con la idea, la nueva presa
podría licitarse hacia fin de año o a comienzos del próximo, y, si bien buena parte de los estudios del proyecto ya están realizados, aún carece de lo más sensible en todo este tipo de emprendimientos: los de impacto ambiental.
Independientemente del frente externo que el gobierno de Suarez deberá atender, entendido esto como los eternos conflictos con La Pampa más la resolución legal o administrativa de un laudo presidencial que no aparece aún –vencido el plazo y cuando ya se sabe y se descuenta que Fernández le ha bajado el pulgar para responder afirmativamente a los planteos de los pampeanos–, al margen de ese costado del entramado, Suarez tiene que ser claro en el frente interno.
El frente interno es todo aquello relacionado a los destinos de los fondos de Portezuelo. Se sabe que el tironeo recién ha empezado y que cada departamento reclama algo de lo que considera suyo. El plan hídrico de Irrigación es un plan extendido en todo el territorio con algún dejo de equidad y equilibrio. Los fondos, si no van a Portezuelo, deben usarse, según el convenio, en otras obras hídricas de características o funcionalidad similar. Para cambiar el destino, sería necesario ir a buscar una modificación al acuerdo, para lo que la Nación no estaría muy interesada en allanarle el camino a la actual gestión en ese sentido. Pero hay quienes en Mendoza sostienen lo contrario: que los fondos son de la Provincia, le corresponden por derecho propio, que la Nación en todo este lío no le está “pagando” nada a Mendoza y que, en definitiva, por ser recursos de los mendocinos, es la Provincia la que debe definir qué hacer con ellos.
Ayer en el Gobierno sostenían que todas las consultas internas ya están hechas y que Suarez tiene las facultades para decidir la nueva dirección de los recursos. Pero es probable que la oposición no deje pasar este momento para intervenir, seguramente haciéndose eco de las comunas comandadas por el peronismo y lo mismo puede ocurrir dentro de la coalición de gobierno con alguno de los socios del radicalismo. En este último sentido, hay que seguir de cerca a Omar De Marchi. El líder del Pro está a punto de presentar un plan de acción para Mendoza, que no es otra cosa que su propuesta para gobernarla, en su afán de llegar a la Gobernación en el próximo turno electoral, en el del 2023.
Dentro de ese programa, se ha dicho que está inserta su sugerencia para los fondos de Portezuelo y que hará lo posible para que sea tenida en cuenta.
Fuente: Diario El Sol