Si bien el instituto para chicos, jóvenes y adultos Fe y Esperanza (Feyes) posee un acompañamiento por parte del Municipio y del Gobierno provincial que paga a los docentes, para poder subsistir normalmente necesitan alrededor de 100 mil pesos mensuales que surgen de donaciones voluntarias incluso de quienes trabajan en la institución que tanto significa para personas con discapacidad.
Feyes recibe diariamente a alrededor de 45 alumnos, entre quienes hay con síndrome de down, disminuidos mentales, intelectuales, parálisis cerebral, autismo y trastorno generalizado del desarrollo (TGD). A La Ventana San Rafael, llegó un mensaje que expresa:
“Deberían averiguar qué está pasando en FEYES. El gobierno, que sólo paga los sueldos docentes, no quiere seguir pagando para atender a mayores de 18 años, es decir que tienen que echar a estas personas con discapacidad, tan necesitadas de la institución, lo que equivale a reducirla considerablemente”.
Frente al cuestionamiento el director de la institución, Miguel Torres, expresó que esto es algo con lo que viene luchando desde hace años. “Nosotros estamos como ‘escuela de Educación Integral’ y las escuela de Educación Integral tienen reglamentaciones, para poder atender a las personas con discapacidad desde 12 años hasta 21. El problema es que nosotros tenemos una estructura desde hace años, hemos hecho un edificio nuevo con ayuda del Municipio, pero desde el Gobierno provincial nunca pusieron nada. Esto funciona como una ‘asociación sin fines de lucro’ y con donaciones de toda la comunidad. Con esto hemos hecho todo un edificio nuevo y somos también dueños del otro edificio (que se nos incendió)”, dijo y agregó que si bien el límite son 21 años, desde el año 2018 viene buscando la manera de que los mayores de esa edad no queden afuera. Es que no todos cuentan con obra social y las obras sociales difícilmente se hacen cargo de las labores de los centros de día. “Son toda una serie de situaciones en las que estamos remando desde la institución, para seguir atendiendo a las personas con discapacidad. Sabemos que tenemos que entrar dentro de una reglamentación que corresponde, pero no podemos dejar a la deriva a gente que hace muchos años que está aprendiendo y desarrollándose dentro de la institución… es una problemática, pero no es de San Rafael, es de nivel provincial”, aseguró.
Si bien en el 2018 Torres intentó encontrar una solución, presentando un proyecto de ley a través del senador Mauricio Sat, el mismo quedó en la nada y “está cajoneado”. “Los legisladores tampoco se ponen a trabajar. Yo viajé, estuve trabajando con los asesores de Mauricio Sat, él hizo la presentación de este trabajo en el Senado, pero está en la Comisión de Educación y no ha avanzado desde hace tiempo”, denunció y agregó: “A nosotros nos ha ido llevando la situación a tener que dividir, en turno mañana tratar de sostener la gente con mayor franja etárea (por encima de los 21 años) y el año que viene en el turno tarde, van a estar de 12 a 21 años que es lo que corresponde a una escuela de educación integral. “Es un trabajo que requiere atención, pero los legisladores deberían ponerse a trabajar, y no hacer el trabajo un directivo”, lamentó.
“Lo único que nos están sosteniendo -y no sé hasta cuándo- son los cargos docentes (Dirección de Educación Privada los pone la provincia, que depende de Dirección General de Escuelas lo pone el Gobierno provincial), pero en la institución requerimos casi 100 pesos mensuales que salen de donaciones de la comunidad”, destacó. Ese dinero es necesario para pagar impuestos, servicios, materiales y demás requerimientos de una institución de estas características.
Frente al cuestionamiento el director de la institución, Miguel Torres, expresó que esto es algo con lo que viene luchando desde hace años. “Nosotros estamos como ‘escuela de Educación Integral’ y las escuela de Educación Integral tienen reglamentaciones, para poder atender a las personas con discapacidad desde 12 años hasta 21. El problema es que nosotros tenemos una estructura desde hace años, hemos hecho un edificio nuevo con ayuda del Municipio, pero desde el Gobierno provincial nunca pusieron nada. Esto funciona como una ‘asociación sin fines de lucro’ y con donaciones de toda la comunidad. Con esto hemos hecho todo un edificio nuevo y somos también dueños del otro edificio (que se nos incendió)”, dijo y agregó que si bien el límite son 21 años, desde el año 2018 viene buscando la manera de que los mayores de esa edad no queden afuera. Es que no todos cuentan con obra social y las obras sociales difícilmente se hacen cargo de las labores de los centros de día. “Son toda una serie de situaciones en las que estamos remando desde la institución, para seguir atendiendo a las personas con discapacidad. Sabemos que tenemos que entrar dentro de una reglamentación que corresponde, pero no podemos dejar a la deriva a gente que hace muchos años que está aprendiendo y desarrollándose dentro de la institución… es una problemática, pero no es de San Rafael, es de nivel provincial”, aseguró.
Si bien en el 2018 Torres intentó encontrar una solución, presentando un proyecto de ley a través del senador Mauricio Sat, el mismo quedó en la nada y “está cajoneado”. “Los legisladores tampoco se ponen a trabajar. Yo viajé, estuve trabajando con los asesores de Mauricio Sat, él hizo la presentación de este trabajo en el Senado, pero está en la Comisión de Educación y no ha avanzado desde hace tiempo”, denunció y agregó: “A nosotros nos ha ido llevando la situación a tener que dividir, en turno mañana tratar de sostener la gente con mayor franja etárea (por encima de los 21 años) y el año que viene en el turno tarde, van a estar de 12 a 21 años que es lo que corresponde a una escuela de educación integral. “Es un trabajo que requiere atención, pero los legisladores deberían ponerse a trabajar, y no hacer el trabajo un directivo”, lamentó.
“Lo único que nos están sosteniendo -y no sé hasta cuándo- son los cargos docentes (Dirección de Educación Privada los pone la provincia, que depende de Dirección General de Escuelas lo pone el Gobierno provincial), pero en la institución requerimos casi 100 pesos mensuales que salen de donaciones de la comunidad”, destacó. Ese dinero es necesario para pagar impuestos, servicios, materiales y demás requerimientos de una institución de estas características.
