La comisión de Desarrollo Social, inició el tratamiento de un proyecto de Sandra Astudillo (UCR) que establece como destino del “papel basura” generado en las oficinas estatales el de reciclado obligatorio. Además, la propuesta promueve prohibir la práctica de arrojar papel en contenedores no autorizados.
El proyecto de Ley tiene como finalidad instaurar mecanismos con el fin generar un beneficio para la sociedad a partir de la clasificación, recolección y reutilización del papel de oficina en la Administración Pública. Además, busca concientizar a la masa de recursos humanos que cumplen funciones en el ámbito público de la importancia del buen uso del papel y de los posibles usos derivados mediante la recolección y el reciclaje y la responsabilidad fundamental de su labor en relación al ambiente.
De igual forma, tal como se señaló durante el encuentro de la comisión que preside Marcela Fernández (UCR), se propone la toma de conciencia de todo el personal administrativo respecto al carácter del papel como recurso económico y de la importancia de destinarlo en última instancia a un beneficio para la sociedad, entre otros objetivos.
De acuerdo a lo dialogado en la reunión, sobre la pieza legislativa se acumulará una iniciativa similar de la diputada mandato cumplido Lorena Saponara, y se solicitará un informe a la Secretaría de Ambiente de la provincia, para que dé cuenta de las acciones que en este sentido, ejecuta Mendoza.
Sobre la temática puntual, la comisión decidió que el próximo lunes se trasladarán al Departamento de Junín, en el que se lleva a cabo un programa para el reciclado de papel denominado “Junín Punto Limpio”, para ver in situ el funcionamiento del esquema de trabajo que realiza el departamento del Este, en el cual, según aseguró la diputada Astudillo, se han reciclado más de ocho mil kilos de papel.
Por otra parte se acordó continuar con el análisis de un proyecto de Álvaro Martínez (PRO), que promueve la creación del Programa de “Padrinazgos de los Adultos Mayores”, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores residentes en institutos geriátricos, hogares de ancianos y clubes de personas de la tercera edad.
