Si no se presenta antes en el expediente, Alberto Fernández será imputado en la causa judicial en la que se investiga la violación de la cuarentena por la realización de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos.
El fiscal federal Ramiro González prepara el escrito para notificarle al presidente en las próximas 48 horas cuáles son los derechos que les corresponden y la manera en que pueden declarar.
Según publica el diario La Nación, González aludirá a los artículos 72, 73 y 279 del Código Procesal, que señalan que la persona a quien se le imputa la comisión de un delito tiene derecho, incluso cuando no hubiere sido indagada, a presentarse ante el tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
Tras ese paso formal, Fernández podrá poner en marcha la estrategia judicial que ya adelantó su abogado, Gregorio Dalbón: pedir una conciliación para hacer una donación de dinero al instituto Malbrán y de esa manera extinguir la acción penal.
La conciliación es una manera de cerrar un expediente judicial que está contemplada en la ley que no implica admitir culpa alguna ni responsabilidad, ni asumir la comisión de un delito. El pedido debe ser aceptado por la Fiscalía y luego homologado por el juez federal Sebastián Casanello.
Estas medidas alternativas de solución de conflictos ya se aplicaron en otros casos de personas que violaron medidas de aislamiento en la cuarentena.
Tras el escándalo, el gobierno nacional admitió que se trató de un error y pidió disculpas. Además buscó dar vuelta la página del escándalo y minimizar lo ocurrido durante la celebración del cumpleaños de Yáñez, durante la cuarentena estricta.
“Yo creo que no fue un delito”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Y al argumentar su postura, afirmó: “Si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado”.
La imputación
La Fiscalía ya recibió los informe de Casa Militar sobre los ingresos y egresos de la quinta de Olivos de la noche del cumpleaños de la Primera Dama y ahora aguarda que la jefatura de Gabinete confirme si las personas que asistieron tenían permiso de circulación.
En el festejo de cumpleaños participaron 11 personas y, excepto Fernández, todos ya se presentaron en la causa y designaron abogados. De acuerdo con el portal Infobae, la acusación es por el artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Mientras tanto, avanzan los trámites para definir si la causa seguirá tramitándose en los tribunales de Comodoro Py o pasará a la justicia federal de San Isidro, al juzgado de Sandra Arroyo Salgado.
Fuente: El Sol, La Nación, Infobae.
