El legislador del Partido Intransigente, Eduardo Martínez Guerra hizo una iniciativa para que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios ante los Legisladores Nacionales que representan a nuestra provincia a impulsar la modificación de la Ley Nacional N° 25.065/1998. Tarjetas de crédito.
De acuerdo a la propuesta se busca que se amplié su ámbito de aplicación y estableciendo un nuevo régimen de limitación de responsabilidad por uso no autorizado de medios de pago.
“Impulsar la modificación en su artículo 26 para que se extienda el plazo donde el titular puede cuestionar la liquidación de la tarjeta de crédito dentro de los noventa (90) días de recibida la misma”, reza fragmento del proyecto.
El legislador expresó: “En la actualidad el riesgo de los fraudes con tarjetas de crédito y débito tanto en formato físico como virtual se ha convertido en una amenaza importante para los usuarios como para el sistema financiero. El costo de este tipo de delito global se calcula que excederá los US$32.000 millones en 2021, según pronósticos de The Nilson Report, una consultora que investiga los sistemas de pago de todo el mundo. En la Argentina, en tanto, la cifra negra que manejan los expertos remite a una pérdida de más de 800.000 dólares por día”.
Los cajeros automáticos desactualizados; campo fértil para el clonado y el robo de tarjetas; y la eventual vulnerabilidad de las apps y las páginas web de bancos y comercios son la puerta de entrada para fraudes como el skimming (que consta de la instalación de un dispositivo capaz de copiar los datos de la banda magnética y de una cámara que graba el tipeo de la clave) y el phishing (robo informático de datos que permite suplantar la identidad de un usuario)sumado a plataforma de compras y pagos por internet).
“En los últimos meses en nuestra provincia el fraude virtual afectó a clientes del Banco Nación, Jubilados, Pensionados y beneficiarios de planes sociales. Los estafadores habrían accedido a los números de las tarjetas de débito de los clientes y vincularon esas cuentas a Mercado Pago y desde allí realizaron las compras”, subrayó.
Evidentemente estamos ante casos donde se hackean los servidores y los ciber delincuentes se alzan con miles de números de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito con sus claves. En esto los usuarios no poseen ninguna responsabilidad pero si refleja la vulnerabilidad a que está sometido el sistema bancario, y sus clientes.
“Somos conscientes que desde que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio para frenar el avance del coronavirus en la Argentina, los recursos tecnológicos cobraron un rol fundamental, no solo para poder comunicarse con los allegados a través de las distintas redes sociales y plataformas, sino también para poder hacer trámites y pagar deudas y compras on line sin tener que moverse del domicilio. En el universo de la digitalización hay plataformas geniales para socializar pero que demandan cierta regulación para que no puedan ser parte de esta cadena delictiva”, justificó.
Finalmente el diputado dijo: “En la mayoría de los casos el mundo virtual simplifica muchas transacciones y genera comodidad, no es el 100% seguro y se deben tomar recaudos para no sufrir estafas o fraudes. Quienes perpetran estos hechos aprovechan el desconocimiento y la necesidad de la gente, que muchas veces advierte el engaño cuando ya es demasiado tarde”.
