El diputado provincial por el Frente Renovador, Jorge Difonso, junto a su par Mauricio Torres, presentó un proyecto de ley para generar el Plan de manejo sustentable de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, la cual sería de aplicación en todo el territorio mendocino. La autoridad de aplicación, sería la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial u organismo que en el futuro reemplace sus funciones.
De aprobarse la normativa, la misma comprendería a todos los aparatos eléctricos y electrónicos existentes o a existir, dentro de las disposiciones de la misma, sin perjuicio de incluir otras que se encuentren alcanzadas por normas específicas en la materia. Así también los elementos en desuso, aquellos cuyas marcas ya no existen y los residuos de aparatos no reciclables.
Se encontraría sujeta al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de esta ley, toda persona física o jurídica, pública o privada, que dentro del territorio provincial utilice y/o participe en la fabricación, comercialización, importación, distribución y disposición final de aparatos eléctricos y electrónicos, conforme a los principios de responsabilidad extendida del productor.
El legislador informó que esta ley tiene por objetivos generales prevenir y minimizar los riesgos, impactos negativos significativos y daños al ambiente o la salud humana durante todas las actividades que se desarrollen en su ciclo de vida; evitar la contaminación del suelo, el agua y del aire; reducir la disposición final de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso; fomentar la reutilización, reciclaje, valorización energética y toda forma existente de valorización de los aparatos eléctricos o electrónicos en desuso; y procurar un manejo de los mismos de forma técnica, con el menor riesgo posible al medioambiente y que sea beneficiosa económica y socialmente.
Quedaría prohibido en toda la provincia almacenar aparatos eléctricos o electrónicos en desuso cerca de depósitos naturales o artificiales de agua o a cielo abierto; disponerlos en escombreras o enterrarlos; abandonarlos en espacios públicos; quemar cualquiera de sus componentes; depositar y transportarlos junto a otros residuos sólidos o residuos peligrosos. Sería el Poder Ejecutivo el que dispondría de la creación de sitios de recepción específicos.
Las sanciones por el incumplimiento de esas disposiciones de la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serían apercibimiento; multa pecuniaria y económica, determinada en su reglamentación; suspensión de la actividad desde 30 días hasta un año; revocación de las autorizaciones y clausura de las instalaciones.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostuvieron que “la tecnología ha tomado dimensiones insospechada hasta hace algún tiempo en nuestro país, llegando a la actualidad a ser un factor esencial entre las herramientas de trabajo, de educación y de acceso a la información en todo el mundo; si bien, su utilización tiene muchos beneficios, es cierto que también trae acciones o problemas colaterales que son necesarios abordar y solucionar. Su avance es espectacular a tal punto que lo que hoy es moderno y última moda, mañana seguramente pasará a ser obsoleto, pasado de moda o simplemente tirado a la basura”.
