La implementación del Código Procesal Penal en la Segunda y la Cuarta Circunscripción Judicial, cuyo proyecto ha ingresado a la Legislatura remitido por el Gobernador de la Provincia, no hace sino dar cumplimiento a una Ley de 1999 cuya implementación está inexplicablemente demorada.
La Ley Nº 6.730, que dispuso la implementación, una década antes que en la Nación, del sistema acusatorio en reemplazo del sistema inquisitorio, constituyó un importante avance para el proceso penal, tanto por las garantías que otorga como por la celeridad en las investigaciones. Pero razones de falta de gestión y la excusa eterna de los recursos, dejaron pasar 17 años con una anormalidad transitoria que había devenido en permanente.
Su implementación gradual había generado una desigualdad inaceptable, dado que con lentitud se había instrumentado en la Primera y Tercera Circunscripción Judiciales, sin que haya habido acción alguna desde el 2011 para extender los alcances de la ley al resto del territorio mendocino, lo que representa en la práctica una discriminación de los habitantes del Sur y del Valle de Uco.
Hasta hoy, un delito cometido en Godoy Cruz era investigado de un modo distinto, con actores diferentes y criterios diversos que si la escena del hecho hubiera estado en General Alvear. Esto genera dificultades e inseguridad jurídica, configurando el absurdo de la convivencia de dos sistemas procesales sensiblemente distintos en una misma provincia.
Hoy, los legisladores tenemos en nuestras manos la herramienta que hará posible terminar con esta desigualdad y le permitirá a la Justicia mendocina instrumentar una única manera de investigar los delitos, situación que es un permanente reclamo de quienes siguen padeciendo una metodología burocrática y obsoleta que no se condice con los tiempos actuales.
Es un primer paso. El Poder Judicial todo y el Ministerio Público, en particular, deberán adecuarse para la instrumentación gradual de la nueva realidad procesal, tarea que requerirá un gran esfuerzo de los magistrados y el personal que, sin dudas, harán y redundará en un beneficio colectivo.
La policía conserva su rol de acción inmediata ante el hecho, pero será el Ministerio Público Fiscal el que reciba las denuncias e investigue los delitos con el auxilio de ésta fuerza. De esta forma, además, de ordenarse el proceso y delimitarse con absoluta claridad roles y responsabilidades, implica en la práctica el ejercicio de la división de poderes y un paso adelante para prevenir la violencia institucional.
Celeridad, transparencia, agilidad en los procesos. Los principios políticos con que el Gobierno de Mendoza inició las reformas judiciales más profundas y significativas desde el regreso de la democracia, se fortalecen con una medida sensata e increíblemente demorada.
La unificación de todo el territorio provincial en un solo régimen de procedimientos penales, es un hecho histórico que representará un paso más en la tarea de ordenar la administración de justicia y poner la misma al servicio del ciudadano. Es un paso sumamente trascendente para seguir construyendo una Mendoza más igualitaria y más justa.
La Ley Nº 6.730, que dispuso la implementación, una década antes que en la Nación, del sistema acusatorio en reemplazo del sistema inquisitorio, constituyó un importante avance para el proceso penal, tanto por las garantías que otorga como por la celeridad en las investigaciones. Pero razones de falta de gestión y la excusa eterna de los recursos, dejaron pasar 17 años con una anormalidad transitoria que había devenido en permanente.
Su implementación gradual había generado una desigualdad inaceptable, dado que con lentitud se había instrumentado en la Primera y Tercera Circunscripción Judiciales, sin que haya habido acción alguna desde el 2011 para extender los alcances de la ley al resto del territorio mendocino, lo que representa en la práctica una discriminación de los habitantes del Sur y del Valle de Uco.
Hasta hoy, un delito cometido en Godoy Cruz era investigado de un modo distinto, con actores diferentes y criterios diversos que si la escena del hecho hubiera estado en General Alvear. Esto genera dificultades e inseguridad jurídica, configurando el absurdo de la convivencia de dos sistemas procesales sensiblemente distintos en una misma provincia.
Hoy, los legisladores tenemos en nuestras manos la herramienta que hará posible terminar con esta desigualdad y le permitirá a la Justicia mendocina instrumentar una única manera de investigar los delitos, situación que es un permanente reclamo de quienes siguen padeciendo una metodología burocrática y obsoleta que no se condice con los tiempos actuales.
Es un primer paso. El Poder Judicial todo y el Ministerio Público, en particular, deberán adecuarse para la instrumentación gradual de la nueva realidad procesal, tarea que requerirá un gran esfuerzo de los magistrados y el personal que, sin dudas, harán y redundará en un beneficio colectivo.
La policía conserva su rol de acción inmediata ante el hecho, pero será el Ministerio Público Fiscal el que reciba las denuncias e investigue los delitos con el auxilio de ésta fuerza. De esta forma, además, de ordenarse el proceso y delimitarse con absoluta claridad roles y responsabilidades, implica en la práctica el ejercicio de la división de poderes y un paso adelante para prevenir la violencia institucional.
Celeridad, transparencia, agilidad en los procesos. Los principios políticos con que el Gobierno de Mendoza inició las reformas judiciales más profundas y significativas desde el regreso de la democracia, se fortalecen con una medida sensata e increíblemente demorada.
La unificación de todo el territorio provincial en un solo régimen de procedimientos penales, es un hecho histórico que representará un paso más en la tarea de ordenar la administración de justicia y poner la misma al servicio del ciudadano. Es un paso sumamente trascendente para seguir construyendo una Mendoza más igualitaria y más justa.
Claudia Najul
Senadora Provincial
Unión Cívica Radical