La
Concejal del Frente para la Victoria, Natalia Galamba, propone establecer como
causal de inhabilidad de acceso a cargos públicos de rango jerárquico y/o
legislativo que desempeñe en forma permanente o transitoria, por elección
popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal,
tanto en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante como en la órbita de la
Municipalidad de San Rafael, a toda aquella persona que cuente con
sentencia condenatoria firme por casos vinculados a violencia contra una mujer
o cualquier miembro de su familia.
Al respecto explica que “ Se entiende por
función pública con rango jerárquico a toda aquella actividad o prestación de
servicio realizado por un funcionario o empleado con categoría o función no
inferior a la de director o equivalente, dentro de la órbita de la administración municipal de manera temporal o permanente,
remunerada u honoraria, en nombre del Municipio o al servicio del Municipio”.
Según establece el
proyecto de la edil “Cuando el autor o responsable con sentencia condenatoria
firme por casos vinculados a violencia contra la mujer o la familia, sea un
funcionario público de cargo jerárquico y/o legislativo en ejercicio de sus
funciones, será destituido del mismo e inhabilitado para el desempeño de cargos
públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.
Y agrega “Quien pretenda
acceder a cargos públicos en el ámbito de la órbita municipal deberá presentar
Certificado de antecedentes penales hasta tanto se cree el Registro de Infractores a la
Ley de Violencia de Género, una vez implementado este registro provincial
o algún otro registro que se cree a futuro a nivel nacional y que certifique
Antecedentes de Violencia en razón de Género y Familia, presentará la
certificación correspondiente”.
El proyecto de la edil surge porque en los
últimos años el fenómeno de la
violencia contra la mujer viene agudizándose y
cada año aumenta su número de víctimas, sin distinguir
entre clases sociales, edad o nivel cultural.
La provincia de Mendoza
y en especial nuestro departamento no son ajenos a esta problemática que
va desde la discriminación social y laboral de la mujer, a la violencia de
género e incluso hasta el femicidio.
Según un informe realizado
por la Comisión de género y equidad de la Cámara de Senadores de la provincia
de Mendoza denominado “Mapa de abordaje de la Violencia de Género” [1], San Rafael ocupa el segundo lugar luego
de Las Heras con 670 denuncias atendidas en la Coordinación de Mujer y Género
departamental, durante el periodo 2013 – 2015.
Si bien en los últimos años
nuestro país ha avanzado considerablemente en legislación en materia de género
y familia, la sociedad demanda una aplicación efectiva de las normas y aumento
de presupuesto para que se implementen.
“Por
esto consideramos que el Estado debe ser el primero en comprometerse con la
legislación y, como principal benefactor y protector de las leyes y derechos
ciudadanos, no debe amparar bajo su órbita, funcionarios, empleados o
representantes que tengan antecedentes vinculados a la violencia de género y/o
de familia” explicó Natalia Galamba.
