En
nuestro país lograr penas efectivas para las personas que ejercen violencia de
género, implica sortear infinidad de obstáculos. Lamentablemente vivimos en una
sociedad en la que aún mucha gente naturaliza agresiones verbales o físicas en
una pareja. Cuando la mayoría social no toma conciencia de la gravedad de un
delito, sancionarlo es muy difícil.
Una y otra vez
decimos que la justicia lenta no es justicia. En estos casos esa frase aparece
en toda su dimensión: datos estadísticos publicados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, indican que en Mendoza durante el 2014 cuatro de los
seis femicidios ocurridos registraban denuncias previas. Con un agresor
denunciado y una víctima con medidas de protección, tenemos que lamentar un
femicidio. ¿Dónde está la justicia?
Pero el
panorama actual es aún más complejo. Las situaciones de violencia de género
tienen características particulares que hacen todavía más complicado tomar la
decisión de realizar la denuncia. Hechos cotidianos como dificultades
económicas, resguardo de los niños, y principalmente, el miedo ante las
represalias que pueda tomar el agresor, cuando el sistema judicial lejos de
acorralarlo lo beneficia en detrimento de las víctimas, pues permanece en
libertad.
Precisamente
aquí, en este punto, es donde la modificación del Código Procesal Penal de
Mendoza, anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de Sesiones
Ordinarias de la Legislatura, apunta a la protección de las víctimas de
violencia de género, entre otras medidas importantes. La reforma prevé dictar
la prisión preventiva, a pedido del fiscal, cuando existiera peligro para la
víctima o testigo por la libertad del imputado.
Es una
propuesta trascendental la del gobernador. La nueva gestión quiere un sistema
judicial que cuide y resguarde en todo momento a la víctima, impidiendo la
libertad de una persona que podría atentar nuevamente contra ella, su familia o
pertenencias.
Otra medida planteada es la posibilidad
de escuchar a la víctima o a quien se pueda constituir como querellante, sin la
presencia del imputado en el juzgado, y de esa manera evitar cualquier
desequilibrio emocional que la perjudique o le genere algún miedo.
Todos conocemos casos en los que una
mujer es agredida una y otra vez por un hombre al que denunció en más de una
ocasión. Los invito a reflexionar un instante. A esa mujer, la aprobación de
esta reforma le cambia la vida.
Pensemos
también en la seguridad y confianza que una medida así dará a las víctimas para
denunciar una situación de violencia. Obviamente, saber con certeza que no
estarán expuestas a nuevas agresiones, animará a más personas a acudir a la
justicia.
El Ejecutivo
Provincial ha cumplido su parte al enviar a la Legislatura un proyecto de
reforma estructural del Código Procesal Penal. Ahora nos corresponde a los
diputados y senadores convertirla en ley, para otorgarles a los jueces pautas
claras sobre en qué situaciones dictar una prisión preventiva.
Estamos a las
puertas de lograr un marco legal de avanzada para Mendoza. Creo firmemente que
su implementación realmente cambiará la vida de muchas mujeres y sus familias.
Claudia Najul
Senadora
Provincial UCR