La
empresa Sielcon había presentado un amparo por la caída de una licitación del
control del juego en Mendoza. El juez Ricardo Mirabile rechazó la medida.
La empresa SIELCOM resultó
adjudicataria en 2014 para establecer un control estatal y paralelo de la
recaudación de las tragamonedas. Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo
decidió dar de baja la polémica licitación del juego en Mendoza, a lo que la
empresa sospechada de irregularidades presentó una medida cautelar ante la
Justicia. Sin embargo, el juez Ricardo Mirabile la rechazó el viernes pasado.
La empresa SIELCOM, adjudicataria del
sistema de control on line de los tragamonedas en los casinos de la provincia,
interpuso un recurso de amparo y además demandó por el supuesto delito de
"omisión de los deberes de funcionario público" a la conducción del
organismo del control del juego e incluyó en esa demanda a su titular, Josefina
Canale.
“El
amparista solicita como medida cautelar urgente se ordene a la entidad
demandada deje sin efecto la suspensión del contrato hasta tanto recaiga
resolución definitiva en las presentes actuaciones, en conclusión solicita una
medida innovativa", se lee en una de las fojas judiciales”.
Sin embargo, la Justicia no le dio lugar
a la medida cautelar presentada por SIELCOM debido a que no creyó que existiera
"peligro de demora" ni otros requisitos que justificaran esa
acción.
"No logro a visualizar el
peligro en la demora si de acuerdo a los hechos narrados por los
amparistas", se puede leer en el auto interlocutorio firmado por el
magistrado. "Los presentantes tienen que tener en cuenta que el
anticipo de la garantía jurisdiccional por la vía de la medida 'urgente', tal
cual lo han calificado, dejando que este juzgador la encuadre dentro de las
medidas cautelares, requiere que se cumplan los recaudos generales previstos
por las mismas, a saber: la verosimilitud del derecho puesto en ejercicio,
peligro en la demora, y la constitución de una contracautela suficiente para
responder a eventuales daños", explicó.
Por último, notificó a las autoridades
para que dentro de tres días hábiles respondan y ofrezcan pruebas sobre el
contrato que se ha dado de baja.
Fuente: MDZ